Los articulos de Ramón Cotarelo: EL FRENTE EXTERIOR, DESOBEDIENCIA

Los articulos de: RAMÓN COTARELO

“EL FRENTE EXTERIOR”

PALINURO

La Cámara de Comercio de España ha contratado con un lobby británico, la sociedad Brunswick, una campaña de propaganda ideológica unionista por 484.000 € que pagan, entre otros, el Banco de Santander, el BBVA, Caixabank, Iberdrola, Telefónica, etc. Se trata de propagar en el extranjero la mentira de que España es un Estado democrático de derecho en el que se respetan las libertades. El empleo del art. 155 es una medida excepcional para proteger esa democracia frente a un separatismo ilegal. La campaña es, en lo esencial una campaña anticatalana, tan anticatalana como todas los demás actos de catalanofobia que realiza sin parar el Estado español.
 Los organizadores de la campaña niegan la vinculación con el régimen de la Gürtel, señalando que son empresas privadas. Como si la gente fuera idiota y no supiera que las empresas del Ibex35 son el verdadero Estado, mientras que el gobierno es solo su consejo ejecutivo. Ese medio millón de € ya lo tienen amortizado con lo que extraen explotando a los ciudadanos legal o ilegalmente merced a las políticas que aplica la banda de ladrones del PP. Por lo demás, también están todas las agencias oficiales españolas, desde el ministerio de Asuntos Exteriores al de defensa, pasando por el CNI volcadas en el extranjero, sobornar políticos, chantajear a medios, emplear los fondos de reptiles, los de sus innumerables cajas B de blanqueo en propalar patrañas sobre Catalunya y boicotear el proceso democrático catalán.
 Que la campaña es mentira, típico ejemplo del otro ridículo de la marca España se ve de inmediato con una pregunta elemental: ¿alguien cree que los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, etc., hayan de gastar medio millón de euros en convencer a los demás de que son Estados democráticos? En España es necesario precisamente porque ni es Estado de derecho, ni democracia, ni respeta los derechos de las personas.
 Esta campaña de los banqueros y empresarios, con un argumentario en cuatro falacias, se hace porque la propaganda a cargo de los intelectuales orgánicos del franquismo, los que colonizan los medios escritos y audiovisuales, no convence a nadie. La teoría, elaborada por la tropa de historiadores, juristas, politólogos, economistas, sociólogos, etc. no hace otra cosa que vender como ciencia pura ideología nacional-católica con unos toques de liberalismo y krausismo y basada en un postulado falaz: España es homologable con las demás democracias europeas. Si tal cosa fuera cierta, no sería preciso untar a propagandistas exteriores para difundirla.
 La Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, uno de los chiringuitos desde los que, como en las demás Academias, las mojamas del franquismo ladrador legitiman la dictadura del 155 y el régimen de corrupción y delincuencia imperante en el país, organiza unas jornadas con motivo del 40º Aniversario de la Constitución de 1978. Que se hagan con el artículo 155 en vigor, el que suspende aquello que tan contentos celebran y establece una dictadura, no les merece ni un comentario. Pero ni con academias, ni pagando la publicación de artículos de los voceros intelectuales del régimen en el exterior este consigue combatir el desprestigio, la mala fama y el repudio que las medidas de represión franquista despiertan en la opinión pública exterior.
 Por eso se recurre a los empresarios, en la esperanza de que, dada su supuesta eficacia, tendrán más éxito que los plumillas a sueldo del nacionalcatolicismo español. Pero sin reparar en la cuenta de que, siendo españoles, estos empresarios y banqueros serán enchufados, privilegiados, caciques y mangoneadores de los dineros público y de empresarios y banqueros al estilo europeo no tendrán nada. Y, por tanto, la campaña será otro fracaso más.
 No obstante, estos intentos reiterados, aunque irrisorios, dado el conocimiento que de España se tiene en el extranjero, prueban la necesidad de que el movimiento independentista intensifique sus esfuerzos en el ámbito exterior. La internacionalización del conflicto España-Catalunya, una clara victoria catalana, debe consolidarse y ampliarse. De no haber sido por él, Catalunya tendría una visibilidad mucho menor en Europa y el bloque del 155 las manos mucho más libres para reprimir la democracia en Cataluña.
 El Estado español ha luchado cuanto ha podido contra la internacionalización del conflicto, pero su propia ineptitud autoritaria la ha ampliado mucho más al tiempo que cubría de ridículo al poder judicial del país. Por eso recurre ahora a los empresarios.
 Concentrado en el frente interior, en la necesidad de investir presidente de la Generalitat en unas condiciones de dictadura política y arbitrariedad judicial, el independentismo no debe abandonar el frente exterior. Por eso es urgente que se institucionalice una plataforma internacional de apoyo a Catalunya, algo como esa “Comisión Chomsky” que venimos pidiendo desde hace tiempo.
 La defensa de la democracia en Catalunya afecta a los demócratas del mundo entero.

Desobediencia

 
El verbo amagar tiene una curiosa dualidad de sentido en castellano y catalán. En castellano significa más o menos amenazar; en catalán,  ocultar. El titular de El País podría leerse como que los secesionistas ocultan la desobediencia, aunque para eso sobraría la preposición “con”.
 En todo caso, el asunto va de desobediencia. La aprobación de la reforma de la Ley de la Presidencia no lo sería; su implementación proponiendo la investidura de Puigdemont a distancia, sí.
 Y aquí es donde el independentismo debe decidir: o desobedece ahora proponiendo la investidura de Puigdemont o aplaza la desobediencia a que cargue con ella un govern efectivo. Mientras esté en vigor el 155 prácticamente toda acción de este será de desobediencia. El gobierno central ya ha hecho saber que el 155 no tiene límite de tiempo. Ni de nada. Véase el trance del PNV: dijeron no aprobar los presupuestos si no se retiraba el 155; luego pasaron a aprobarlos mediando solo una promesa de retirada. Al final, ni promesa queda. En realidad, ningún gobierno independentista puede llevar adelante su mandato en el marco legal español, haya o no 155. Eso es lo que quiere decir que el conflicto es político.
 Y si de respetar escrupulosamente la legalidad se trata nombrando a un candidato “limpio”, el nombre de Carles Riera se ajusta al perfil. A ello se añadiría un reconocimiento de legitimidad con el nombramiento in pectore de Carles Puigdemont en el extranjero.
 El problema de los jueces para mantener en la cárcel a los presos políticos es que no encuentran la violencia que necesitan para acusarlos de rebelión; el de los indepes para sacarlos: aceptar una legalidad autonómica que incluye la existencia de presos políticos. Mientras haya presos políticos no se podrá hablar de normalidad.
 El problema son los presos y exiliados políticos. El problema es la judicialización del procés que, en sí misma, es un llamamiento a la desobediencia civil..
 La normalidad solo podrá darse con el desestimiento de la acción represiva del independentismo en todos los órdenes y el inicio de negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat en la forma y con los fines que acuerden.

 

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