La declaración de Boya ha sido un torpedo en la línea de flotación del acorazado Supremo porque ha desmontado la pieza esencial de su ataque. Boya ha confesado  abiertamente sus intenciones independentistas, su no acatamiento a la Constitución y ha recordado que hasta el juez Llanera era partidario de la “solución política” en Catalunya no ha mucho. Su acción ha excluido la violencia. Y está en la calle, sin medidas cautelares. Ahora explíquese qué hacen en la cárcel los dos Jordis, Junqueras y Forn por exactamente el mismo comportamiento e idéntica finalidad, incluso menos, dado que el juez forzó retractaciones en algunos de ellos dando a entender que podría liberarlos sin hacerlo finalmente. Jurídicamente esto es inadmisible. Moralmente, deplorable. Políticamente, insostenible.

Es posible que hasta estos jueces lo entiendan: no acatar la Constitución no es delito; el independentismo tampoco es delito; como no lo es propugnar estos fines (no acatamiento e independencia) por cualesquiera medios al alcance de la libertad de expresión siempre que no haya violencia. Prohibir alguna de estas manifestaciones no violentas es prohibir los fines; prohibir los fines es prohibir la libertad de expresión; prohibir la libertad de expresión es prohibir las convicciones. O sea, resulta que el independentismo sí es un delito, porque lo dicen los jueces. No se puede ser independentista.

Los catalanes no pueden ser independentistas.
Los catalanes no pueden ser.
Los catalanes no pueden.

¡Alto ahí!, dice Boya, ¡Claro que podemos!
Y lo demuestra.